Revista del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello
20  agosto - diciembre 2016

 

 

ISSN 2075-6038   RNPS 2222
   
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Territorios y movilizaciones indígenas en Brasil: la situación de las tierras indígenas en Brasil, el movimiento indígena, y proyectos de desarrollo en tierras indígenas en la Amazonia  
Stephen Grant Baines

Resumen: Se examina el concepto de territorios indígenas y su resignificación en nuevos escenarios sociales, económicos y políticos, el reconocimiento de los pueblos indígenas por la Constitución de 1988 como originarios de Brasil, y su derecho a una determinada tierra que es independiente de su reconocimiento formal. Se presenta el proceso administrativo de regularización de las tierras indígenas, destacando la enorme distancia entre los derechos reconocidos y su aplicación. Se aborda el impacto de las nuevas políticas gubernamentales que favorecen el desarrollo.

Abstract: This article examines the notion of indigenous territories and their resignification in new social, economic and political settings. Indigenous peoples are recognized in the Brazilian Constitution of 1988 as the original inhabitants of Brazil, making their land rights independent of formal recognition. The administrative process for regularization of indigenous lands is outlined, and the enormous gap between recognized rights and their enforcement. The impact of new government policies that favour economic development is also addressed.

Palabras claves: Territorios indígenas, reconocimiento, territorialización, indigenismo empresarial

Keywords: Indigenous territories, recognition, territorialisation, entrepreneurial indigenism

Introducción1

Las diversas formas de territorialidad indígena son el resultado del esfuerzo colectivo de una sociedad indígena para ocupar, usar, controlar e identificarse con su entorno, transformándolo en su "territorio”. Gallois distingue el concepto legal de tierra indígena con el concepto geográfico del territorio indígena:

La diferencia entre "tierra” y "territorio” se refiere a las diferentes perspectivas y actores involucrados en el proceso de reconocimiento y demarcación de las tierras indígenas. La noción de "tierra indígena” se refiere al proceso político y jurídico llevado a cabo bajo los auspicios del Estado, mientras que el "territorio” se refiere a la construcción y la vivencia culturalmente variables, de la relación entre una sociedad específica y su base territorial (2004:39).

La noción de tierra indígena se convierte en relevante para los pueblos indígenas en el contexto de sus relaciones con la sociedad nacional y la demarcación y homologación de una tierra contra el avance de la sociedad nacional en su territorio.

Desde una perspectiva histórica, Little (2002 citado por Casimir 1992) define la territorialidad como una "fuerza latente en cualquier grupo cuya manifestación explícita depende de contingencias históricas. El hecho de que un territorio surge directamente de las conductas de territorialidad de un grupo social implica que cualquier territorio es un producto histórico de los procesos sociales y políticos” (Little, 2002:3). Las sociedades indígenas se relacionaban con sus territorios tradicionales a través de sus cosmografías, pero con la ocupación colonial y neocolonial de Brasil, expulsados de estos territorios, fueron obligados a reorganizarse socialmente, como Oliveira (2004) llama al proceso de "territorialización”, noción fundamental para abordar el proceso de resignificación de los territorios indígenas.

El mismo autor señala: "La diferencia entre territorialización (un proceso social provocado por la instancia política) y ‘territorialidad’ (un estado o cualidad inherente a cada cultura). Este último es un término usado por los geógrafos franceses (Raffestin, Barel) que destaca, naturaliza y coloca en condiciones atemporales la relación entre la cultura y el medio ambiente (…)” (Oliveira, 2004:24).

El enfoque político de este autor representa un avance teórico con el fin de enfatizar la historicidad del contacto entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional, que afecta por completo la sociedad indígena. Oliveira también establece que "…la atribución a una sociedad de una base territorial fija constituye un punto clave para la aprehensión de los cambios por los cuales ella pasa, que afecta profundamente el funcionamiento de sus instituciones y la significación de sus manifestaciones culturales” (2004: 22). El mismo autor define el concepto de territorio como "…un proceso de reorganización social que involucra a: I) la creación de una nueva unidad sociocultural mediante el establecimiento de una identidad étnica distintiva; II) el establecimiento de mecanismos políticos especializados; III) la redefinición del control social sobre los recursos ambientales; IV) la reelaboración de la cultura y de la relación con el pasado” (2004: 22).

Lo que Oliveira llama "…proceso de territorializaciones, es precisamente el movimiento por el cual un objeto político-administrativo (…), en Brasil las ‘comunidades indígenas’ se están convirtiendo en una colectividad organizada, formulando su propia identidad, instituyendo mecanismos de toma de decisión y de representación y la reestructuración de sus formas culturales” (2004: 24).

Después de abordar brevemente las nociones de territorio indígena, tierras indígenas y territorialización, ahora ofrecemos un resumen sobre la situación de las tierras indígenas en Brasil.

Panorama de la situación de las tierras indígenas en Brasil

Brasil tiene una población indígena de 896 917, según el Censo Nacional del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)2 de 2010, de los cuales 324 834 viven en ciudades y 572 083 en las zonas rurales. La población total de Brasil se estima en 201 032 714 (IBGE), el 1ro. de julio de 2013, y la población indígena constituye aproximadamente el 0.47 % de la población total del país, dividida en más de 240 pueblos indígenas diferentes. La Constitución Federal de Brasil de 1988 y el Estatuto del Indio (Ley 6 001/ 1973) regulan los derechos indígenas, mientras el nuevo Estatuto de las Sociedades Indígenas, establecido por el Proyecto de Ley no. 2057/1991, continúa paralizado durante más de veintitrés años en la Cámara de los Diputados.

Conforme la Constitución Federal de Brasil de 1988, artículo 231,

Se reconoce a los indios su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, protegerlas y hacer que se respeten todos sus bienes.

1ro. Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indios las habitadas por ellos con carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y las necesarias para su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones (Brasil, 2007).

El tamaño de Brasil es 851 196 500 hectáreas y los territorios indígenas ya reconocidos por el gobierno federal suman 700 tierras indígenas (TI),3 ocupando una extensión total de 115 817 575 de hectáreas, o el 13.6 % de las tierras del país. En la Amazonia hay 422 TI, resultando un total de 111 401 207 hectáreas, que representan el 22.25 % del territorio amazónico y 98.42 % de extensión de todas las TI del país. Según el Instituto Socioambiental, el 1.58 % restante de las TI se encuentra en el Noreste, Sureste, Sur y el estado de Mato Grosso do Sul. La región brasileña del noreste es una de las regiones de la antigua colonización densamente pobladas, con tierras indígenas de extensión extremadamente reducida, en la que la cuestión de la tierra se encuentra en el corazón de la actual lucha política de los pueblos indígenas, donde sus tierras se ven amenazadas por el avance de los proyectos de desarrollo turístico, la agroindustria, la ganadería, los puertos, los proyectos industriales y por la expansión urbana.

Oliveira señala que, a diferencia de la Amazonia, que representa el 98.42 % de la extensión de TI de Brasil, donde la principal amenaza es la "… invasión de tierras indígenas y la degradación de los recursos ambientales, en el caso del Nordeste el reto de la acción indígena es restaurar los territorios indígenas, promoviendo la retirada de aquellos que no son considerados indios, desnaturalizando la ‘mezcla’ como la única forma de supervivencia y la ciudadanía” (Oliveira, 2005:20).

En la región Noreste, de acuerdo con los datos del Censo Nacional IBGE en 1991, había una población indígena de 55 849. En el Censo Nacional de 2000, esta cifra aumentó para 170 389, y en el Censo de 2010 llegó a 208 691.

A partir de la Constitución de 1988, que reconoce los territorios indígenas y su territorialidad, surgieron reivindicaciones por la demarcación y el respeto a las tierras indígenas, desde la territorialidad establecida por las propias sociedades indígenas reconocidas por el Estado en extensas tierras indígenas "como viene sucediendo en algunas partes de la región amazónica", a los casos de reelaboración étnica en las regiones donde los pueblos indígenas históricamente colonizados perdieron sus territorios originales y, bajo presión aguda sobre las tierras, reclaman nuevas territorialidades donde se respeten sus culturas. Esto tiene que ver con el fenómeno de reelaboración cultural (Oliveira, 2004), o la etnogénesis, que Arruti define como "la construcción de una conciencia de sí mismo y de una identidad colectiva en contra de la falta de respeto (por lo general producido por el gobierno nacional), con miras al reconocimiento y objetivos de conquista colectiva” (Arruti, 2006: 51) y se hace evidente cuando los pueblos indígenas clasificados como extintos y/o desconocidos están reapareciendo y reclamando el derecho a ser diferente (Arruti, 1997). Este fenómeno, a pesar de ser manifestado en el noreste, se encuentra también en otras regiones de Brasil, incluyendo la región del Amazonas, y en varios países del mundo.

En el caso del pueblo indígena Tremembé, en la costa oeste de Ceará, hubo una reelaboración étnica a partir de la expropiación de tierras, que se agravó a partir de la década de 1980 con la instalación de grandes empresas de productos industrializados, como la empresa Ducoco, uno de los más grandes productores de derivados de coco en Brasil que se ha apropiado de tierras en Almofala, Varjota Tapera, en los municipios de Itarema y Acaraú para convertirlas en plantaciones de coco a escala industrial (Valle, 2004, 2011).

Los pueblos indígenas de la región noreste tienen pocos signos diacríticos que les distinguen de otras poblaciones regionales y, por compartir una historia larga de mestizaje en las aldeas de las misiones y el trabajo esclavo junto con los afrodescendientes, a menudo tienen la capacidad de identificarse ante el Estado o como indígenas o como quilombos, con múltiples caminos para llegar a la regularización de la tierra. Los Tremembé están relacionados con agencias del gobierno brasileño en el nivel municipal, estatal y federal y con organizaciones no gubernamentales (ONG) para obtener la regularización de la tierra contra la ocupación y el despojo de su territorio por las invasiones de las grandes empresas. Son parte de un pueblo disperso por los municipios de Itarema, Acaraú y Itapipoca que, en la lucha política para la regulación de la tierra, adoptaron varias estrategias por la vía indígena a través de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI),4 y por la vía campesina a través del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA)5 (Lopes, 2014). El mismo autor, al explicar sobre la formación histórica y territorialización de Tremembé, incluyó el local Lagoa dos Negros en su investigación, que fue excluido del "contexto de la demarcación de las tierras indígenas de la región, pero de extrema importancia histórica y cultural para los Tremembé” (2014: 179). Lopes también establece que "…el establecimiento de los Tremembé en esta región resultó en la construcción de intrincadas redes sociales y de parentesco solamente comprendidas cuando se observa el contexto más amplio de la creación de los grupos familiares y de las relaciones sociales tejidas entre ellos” (2014:179), lo que demuestra que las familias que viven en las Tierras Indígenas “Córrego João Pereira” y “Queimadas” pasaron por el local llamado “Lagoa dos Negros” en su trayectoria histórica después de trasladarse de “Almofala” en la gran sequía de 1888.

La ratificación en 2002 por el gobierno brasileño del Convenio no. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1989, en vigor desde 2003, así como la ratificación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Onu de 2007, fortaleció las demandas de estos pueblos para el reconocimiento oficial por parte del Estado. El Convenio 169 reconoce las aspiraciones "de esos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y su desarrollo económico para mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones dentro del marco de los Estados en que viven”. El artículo 1ro., párrafo 2do., del Convenio 169 establece que "la conciencia de la identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”, privando al Estado el poder para deslegitimar las demandas para la demarcación, regularización y no intrusión de los territorios considerados indígenas por sus propios habitantes a través de la autoidentificación.

La demarcación y la regularización de las tierras indígenas

De acuerdo con el Decreto 1 775 de 8 de enero de 1996, el proceso de demarcación y la regularización de las tierras indígenas en Brasil tiene siete etapas: 1) estudios de identificación, que incluye un estudio antropológico de la identificación de la TI a través de un grupo técnico; 2) la aprobación del informe por la FUNAI y la publicación del resumen en el DOU y el diario oficial de la unidad federal correspondiente; 3) las controversias; 4) declaraciones de los límites de la TI; 5) la demarcación física; el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) procederá con el reasentamiento de eventuales ocupantes no indígenas; 6) la aprobación por parte de la presidencia de la República y 7) registro, en la notaría de inmuebles de la región correspondiente y el Secretario del Patrimonio de la Unión (SPU).

A pesar de la regularización de grandes extensiones de TI en Brasil a partir de la Constitución Federal de 1988, y el hecho de que muchas TI han sido demarcadas, dice Oliveira: "El margen de utilización de las tierras indígenas, a expensas de los indios, es aterrador (…) Y la presión de la minería abarca aproximadamente el 70 % de la extensión total de las tierras indígenas” (Oliveira, 1998:53). El reconocimiento de los derechos indígenas y la demarcación de las tierras indígenas se han enfrentado a una fuerte oposición en el Congreso brasileño, en especial de la bancada ruralista (un frente parlamentario que actúa en interés de los propietarios de tierras), el lobby de las empresas mineras y las empresas de construcción de grandes centrales hidroeléctricas para tratar de revertir estos derechos y limitarlos.

Los ataques contra los derechos de los indígenas

La ofensiva legislativa actual, liderada por el grupo ruralista en el Congreso brasileño, está en contra de los derechos indígenas, de los quilombolas (cimarrones) y de otros pueblos tradicionales, a través de una serie de propuestas de enmienda constitucional, proyectos de ley complementarios, proyectos de ley, ordenanzas y decretos. Las propuestas presentadas por parlamentarios del grupo ruralista que más amenazan a los pueblos indígenas son actualmente la PEC 215/2000, el PLP 227/2012, PEC 237/2013, Ordenanza 303/2012, Ordenanza 419/2011, Decreto 7957/2013, PEC 038/1999 y PL 1610/1996, que afrentan la Convención 169 de la OIT ratificada por Brasil en 2002, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por Brasil en 2007. Al resumir estas medidas, la propuesta de enmienda constitucional (PEC) 215 de 2000 propone transferir la jurisdicción sobre la demarcación de las tierras indígenas, tierras de quilombolas y la creación de las Áreas Protegidas del Poder Ejecutivo para el Congreso Nacional. El Proyecto de Ley Complementario (PLP) 227 de 2012 se considera de interés público, y tiene la intención de legalizar: la existencia de grandes haciendas, asentamientos rurales, ciudades, carreteras, empresas económicas, proyectos de desarrollo, minería, actividad maderera, plantas hidroeléctricas y otros en tierras indígenas, revocando los derechos constitucionales de los pueblos indígenas. La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 237 de 2013 permite a los productores rurales tomar posesión de las tierras indígenas por medio de concesión, lo que permite actividades ilegales como el contrato de arrendamiento en las tierras indígenas. La Ordenanza 303 de 2012 establece una interpretación de las condiciones establecidas por la Corte Suprema en el juicio de la “Tierra Indígena Raposa Serra do Sol”, estado de Roraima, en 2009, extendiendo su aplicación a todas las tierras indígenas en Brasil, y también determina la revisión de las tierras indígenas ya regularizadas. La Ordenanza 419 de 2011 regula plazos ridículos para el trabajo y la manifestación de la FUNAI y otros organismos encargados de emitir informes técnicos sobre los procesos de concesión de licencias ambientales para acelerar la liberación de grandes proyectos en las tierras indígenas. El Decreto no. 7 957/2013 crea la Compañía de Operaciones Ambientales de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (instrumento del Estado para la represión militarizada de las acciones de los pueblos indígenas y tradicionales que están en contra de las empresas). La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 038 de 1999 elimina del Poder Ejecutivo la función de agente demarcador de las tierras indígenas. Y el Proyecto de Ley 1 610 de 1996 prevé sobre la minería en tierras indígenas sin tener en cuenta el derecho a una consulta previa que permita a las comunidades afectadas la oportunidad de rechazar la minería. Estos actos legislativos están destinados a la extinción de los derechos adquiridos y a obstaculizar el proceso de demarcación de tierras indígenas para favorecer su explotación por parte de los terratenientes, además de favorecer la implementación de megaproyectos (hidroeléctrica, minería y agroindustria). La lógica expresada en aquellos proyectos que tramitan en el Congreso está en contra de las conquistas de los derechos de los indígenas en Brasil desde 1988 y los derechos indígenas internacionales.

Es de destacar que el 3 de junio de 2014 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Suministro y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados realizó una audiencia pública para discutir la retirada del Brasil sobre la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta audiencia pública fue requerida por el entonces diputado federal Paulo Cesar Quartiero, del Partido Demócratas (DEM), ruralista denunciado por el Ministerio Público Federal (MPF)6 por delitos cometidos contra los indígenas en el estado de Roraima, en particular durante el proceso de desalojo de la Tierra Indígena Raposa Serra do Sol en 2008. En esa época, Quartiero fue acusado de posesión ilegal de artefactos explosivos y formación de cuadrilla, y ya se han contabilizado al menos seis acciones criminales en la Corte Federal.

La Convención 169 de la OIT garantiza a los indígenas, a los quilombolas y a los pueblos tradicionales el derecho a la tierra, la salud, la educación, el empleo decente y el derecho fundamental a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que les afecten a ellos directamente.

Los ataques a los derechos indígenas están estrechamente articulados con los intereses de crecimiento económico dirigidos a la producción y exportación de productos agrícolas y materias primas. Las estrategias de desarrollo han cambiado después del final de la dictadura militar en el período de 1964 a 1985, cuando se basaban en la política de la invasión de los territorios indígenas, donde había intereses mineros y de implantación de centrales hidroeléctricas, creando "hechos consumados” que más tarde fueron "regularizados”.

Una nueva estrategia para las grandes empresas de construcción de hidroeléctricas y de minería en colaboración con el Estado es favorecer la regularización de las tierras indígenas y ejercer su poder económico para presionar a los nuevos líderes indígenas a firmar acuerdos directos entre las comunidades indígenas y las empresas, en nombre de una "autodeterminación indígena” (Baines, 1993: 239).

La investigación antropológica y la implantación del Programa Waimiri-Atroari (FUNAI/Eletronorte)

En junio de 1989 se firmaron acuerdos entre la empresa Mineração Taboca y diez líderes Waimiri-Atroari, suspendidos hasta que haya nuevas leyes para regular la minería en tierras indígenas. La Tierra IndígenaWaimiri-Atroari sirvió como modelo para la planificación de estrategias con vistas a la implementación "regularizada” de los grandes proyectos de desarrollo regional de la minería y de las hidroeléctricas en tierras indígenas en la Amazonia (Baines, 1991), e influyó en el propio texto de la Constitución de 1988, a partir de 1987, con fuerte grupo de presión de las empresas mineras lideradas por la empresa Mineração Taboca. Este grupo de presión consiguió en la Constitución brasileña de 1988 abrir la minería en tierras indígenas para las empresas mineras privadas, condicionado a obtener el consentimiento de los pueblos indígenas y la aprobación del Congreso Nacional.

En 1987 se creó el Programa Waimiri-Atroari, programa indigenista instaurado por medio de un acuerdo con la empresa Eletronorte, que construyó la represa hidroeléctrica de Balbina en el río Uatumã, que resultó en la inundación de una amplia zona del territorio tradicional del pueblo indígena Waimiri-Atroari y la FUNAI. Desde que se fundó este programa indigenista para administrar al pueblo Waimiri-Atroari, subordinado directamente a la empresa Eletronorte, que sustituyó al indigenismo gubernamental en la tierra indígena Waimiri-Atroari, toda la investigación antropológica ha sido prohibida en esta tierra. El programa fue instalado en abril de 1987, pocos meses antes de la inundación provocada por el encierro de la represa de Balbina, y recibió muchos recursos financieros del Banco Mundial y de la Mineração Taboca, como indemnización por el uso de una carretera construida dentro de lo que restó de esta tierra indígena después del desmembramiento de cerca del 40 % de la tierra indígena delimitada por la FUNAI a inicios de los años setenta.

Para comprender esta nueva estrategia de las grandes empresas en las tierras indígenas utilizo la noción de “indigenismo empresarial” con el fin de describir el proceso de privatización de la política indigenista por las empresas que operan en territorios indígenas, que sustituye al indigenismo de Estado, y que incorpora la dinámica de las presiones económicas y políticas de las empresas directamente sobre los indígenas. Los nuevos liderazgos indígenas son reclutados como portavoces de la propia administración indigenista, e incorporados en campañas de publicidad del sector eléctrico para que parezca que hay relaciones simétricas entre las grandes empresas que invaden los territorios indígenas y los pueblos indígenas subordinados a los proyectos de desarrollo en relaciones sociales muy desiguales e injustas (Baines, 2000). En el caso del pueblo Waimiri-Atroari, encapsulado dentro de un programa indigenista vinculado a los intereses de las grandes empresas que operan en proyectos de desarrollo regional con consecuencias altamente perjudiciales para los indígenas "la represa hidroeléctrica de Balbina de la Eletronorte y la Mina de Pitinga de la Mineração Taboca (Baines, 1993)", la posibilidad de cualquier forma de autonomía política indígena está limitada por el “indigenismo empresarial” del Programa Waimiri-Atroari, en que los indígenas son mantenidos bajo un régimen de libertad condicional. Este programa privatizó el indigenismo, que es obligación constitucional del Estado brasileño (Baines, 1993, 1994, 2000, 2008).

Almeida argumenta: "El concepto de territorio (…) ha estado marcado por los nuevos criterios de clasificación que aparentan emprender un retorno al pasado (…) flexibilizan las normas legales que garantizan los derechos a la tierra de los pueblos y las comunidades tradicionales y tienen como objetivo satisfacer las demandas progresivas de un crecimiento económico basado principalmente en commodities minerales y productos agrícolas” (Almeida, 2012: 63).

El Programa Waimiri-Atroari, una organización no gubernamental creada por la empresa Eletronorte, ha construido imágenes de un programa modelo de política indigenista, con el mensaje implícito al público en sus campañas nacionales e internacionales de publicidad, acerca de que los efectos nocivos de megaproyectos de centrales hidroeléctricas en las tierras indígenas no solo pueden ser superados, sino revertidos en beneficio de los indígenas mediante programas indigenistas para mitigar estos impactos. Por tanto, la empresa alinea la acción compensatoria del Programa Waimiri-Atroari con la política energética para la expansión de megaproyectos de centrales hidroeléctricas en la Amazonia, que alcanzan a muchas otras tierras indígenas, como la hidroeléctrica de Belo Monte, actualmente en construcción, tercera mayor represa hidroeléctrica del mundo, situada en el río Xingu.

Consideraciones finales

Ante los nuevos ataques a los derechos indígenas, los antropólogos tienen el deber de colaborar con el movimiento indígena para denunciar estos ataques en aras de desenmascarar las estrategias del grupo ruralista y de las grandes empresas que implantan los megaproyectos en territorios indígenas, y de participar en movilizaciones políticas en defensa de los derechos indígenas constitucionales e internacionales. Incluso en situaciones en que sus investigaciones etnológicas son interrumpidas y prohibidas, como sucedió después de la instalación del Programa Waimiri-Atroari. Un papel clave del antropólogo es su participación en el proceso de demarcación de las tierras indígenas y tierras de quilombolas. En situaciones interétnicas de enorme asimetría, en que las grandes empresas mineras, las constructoras de plantas hidroeléctricas, la agroindustria, entre otros, ejercen poderes económicos que superan los poderes del Estado nacional para actuar como si fueran Estados dentro del Estado brasileño, es difícil ver una situación en la que los derechos de los indígenas se respeten plenamente. Hay extrema lentitud por parte del Estado para la regulación de las tierras indígenas, además de carecer de políticas gubernamentales que aseguren los derechos constitucionales e internacionales de los pueblos indígenas, quilombolas y otros pueblos tradicionales.

Notas

1Trabajo presentado en el “Seminario Internacional Identidades y Movilizaciones Colectivas: miradas desde contextos americanos”, realizado en el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, de La Habana, Cuba, entre el 14 y el 15 de abril de 2015. Agradezco a Bárbara Oliveira y Daniel Brasil por la invitación a participar en el seminario.

2El IBGE es una fundación pública da administración federal brasileña, creada en 1934 e instalada en 1936, bajo el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión.

3Instituto Socioambiental. Disponible en: <http://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/localizacao-e-extensao-das-tis>. Acceso: 31 de diciembre de 2015.

4La FUNAI es la agencia oficial indigenista del Estado brasileño, creado por la Ley no. 5371, de 5 de diciembre de 1967, bajo el Ministerio de Justicia. Es el ejecutor principal de la política indigenista del Estado brasileño y sustituyó al Servicio de Protección a los Indios (SPI) creado en 1910 para administrar las políticas para los pueblos indígenas.

5El INCRA, creado por el Decreto Nº 1.110 de 9 de julio de 1970, es una agencia federal “cuya misión principal es la de implementar la reforma agraria y darse cuenta de la planificación nacional de la tierra”. Disponible en: <http://www.incra.gov.br/institucional_abertura>. Acceso: 31 de diciembre de 2015.

6El Ministerio Público Federal (MPF) en Brasil es parte del Ministerio Público de la Unión (MPU) que tiene el deber de defensa del orden jurídico, del régimen democrático y de los intereses sociales e individuales (artículo 127 de la Constitución Federal de 1988).

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Stephen Grant Baines. Profesor titular, Departamento de Antropología, Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Brasília, Prédio do Instituto de CiênciasSociais

 
 
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