Revista del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello
22  agosto - diciembre 2017

 

 

ISSN 2075-6038   RNPS 2222
   
MATERIAS 
   
AUTOR  
Normas para la aceptación de originales  
Contáctenos  
Espacios locales en Cuba: opciones para el desarrollo  
Diosnara Ortega González y Ailynn Torres Santana

Local Spaces in Cuba: Options for Development

Diosnara Ortega González

Ailynn Torres Santana

 

Resumen: El actual proceso de transición cubano, supone la reformulación de su modelo de desarrollo. Los impactos inmediatos de ese proceso se evidencian en los espacios locales. Este texto muestra la necesidad de enfocar el análisis en los espacios locales y sus condiciones institucionales, naturales, infraestructurales, sociales, culturales. El artículo aborda el desarrollo de las localidades a través de tres ejes fundamentales: las particularidades del modelo de desarrollo cubano actual y su expresión en los espacios locales, la relación centralización-descentralización en la política cubana, y el análisis de procesos de participación local. 

Abstract: The current process of Cuban transition involves the reformulation of its development model. The immediate impacts of this process are evident in local spaces. This text shows the need to focus the analysis on local spaces and their institutional, natural, infrastructural, social and cultural conditions. The article addresses the development of localities through three fundamental axes: the particularities of the current Cuban development model and its expression in local spaces, the centralization-decentralization relationship in Cuban politics, and the analysis of local participation processes.

Palabras claves: Participación social, espacios locales, centralización, descentralización, ciudadanía. 

Keywords: Social participation, local spaces, centralization, decentralization, citizenship.

 

Introducción

Los debates alrededor de la cuestión del desarrollo continúan estando en los planos múltiples de la dominación. ¿Cuál desarrollo?, ¿para cuáles fines y con qué medios? Entre muchas, estas preguntas podrían ayudar a reconstruir un proyecto liberador del ser humano, en justa relación con las dimensiones sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas.

El período de transición que vive Cuba, acelerado por la “actualización” del modelo económico en curso, tiene una repercusión directa en su modelo de desarrollo que, de hecho, está siendo reformulado, se declare o no, para este fin. Los espacios locales devienen contexto de impacto inmediato de los cambios que se llevan a cabo. Los modos en que el modelo existente constituye condición de posibilidad para el desarrollo de las localidades resulta un telón de fondo para el análisis de la viabilidad de las transformaciones actuales.

Con este texto se pretenden visibilizar ideas que permiten debatir sobre el desarrollo de las localidades. Para eso partimos del abordaje de tres ejes fundamentales: 1ro.: las particularidades del modelo de desarrollo cubano actual y su expresión en los espacios locales; 2do.: la relación centralización-descentralización en la política cubana y 3ro.: el análisis de procesos de participación local.

Si bien las características de las localidades varían de una región a otra —e incluso dentro de una misma provincia— comparten un grupo de condiciones, organización y sistema de funcionamiento que las regulan en todo el país. Las ideas que se presentan son resultado de tres fuentes fundamentales: el análisis de los marcos regulatorios,1 tres investigaciones realizadas como estudios de caso en un consejo popular de la Ciudad de la Habana,2 y el estudio de las producciones científicas sobre el espacio local cubano3 y el desarrollo.4

El trabajo comienza con puntos de partida teóricos que encuadran la discusión que se aborda; les siguen reflexiones sobre los tres ejes anteriormente mencionados y, por último, se analizan los cambios implementados y propuestos, orientados a la actualización del modelo económico cubano, lo cual se acompaña de un grupo de recomendaciones que podrían hacer más viable dicha actualización hacia la transición socialista.

 

Puntos de partida

La mirada a los espacios locales se ha encontrado históricamente postergada y/o supeditada a análisis macrosociales, que ofrecen indicadores legítimos para el tipo de política predominante: homogenizadora y negadora de la diversidad. En consecuencia, el Estado-nación ha sido protagonista y ámbito principal de la política, minimizando otros actores y espacios intranacionales, así como sus potencialidades de autotransformación. De esta manera, como el territorio ha quedado reducido a sus delimitaciones geográficas, se le ha considerado réplica de lo nacional5 y sus peculiaridades se han visibilizado a partir del encuadre nacional como el foco estratégico.

Desde la década de los ochenta, la localidad se resignifica como espacio generador de desarrollo, no solo en lo referido a los actores socioeconómicos, sino al complejo de redes sociales, culturales, ambientales, políticas, que se tejen en esta, condicionadas y condicionantes de la totalidad nacional y global. La perspectiva crítica que reclama la consideración de la diversidad (de necesidades, potencialidades, cosmovisiones, intereses, culturas, etc.) como componente del desarrollo y la comprensión de este, como proceso de emergencia y empoderamiento de grupos sociales tradicionalmente preteridos y excluidos de la toma de decisiones y del acceso al bienestar, fue uno de los factores que contribuyó a tal reemergencia.

Al mismo tiempo que toman fuerza los movimientos localistas, también lo hacen las medidas neoliberales. Esta convergencia temporal, junto al énfasis común en la descentralización y la participación local, han propiciado la crítica al desarrollo local, por su asociación con el neoliberalismo. No obstante, recorren caminos distintos.

El modelo neoliberal tiene dentro de sus rasgos propios, unido al fundamentalismo mercantil, el cuestionamiento del papel del Estado benefactor, considerado responsable de la crisis y un obstáculo para el libre desarrollo del mercado por sus “intervenciones e interferencias excesivas”, junto a las tendencias igualitarias en su política de bienestar social que es puesta en tela de juicio.6

Las medidas llevadas a cabo para su aplicación se han encaminado a la apertura comercial, la liberalización de los mercados, la desregulación financiera, la privatización de las empresas públicas y la reducción del gasto público. Siendo así, el modelo neoliberal no habla del desmantelamiento del Estado, ni siquiera de la eliminación de su intervención en la economía,7 sino de la disminución notable de sus funciones en la promoción del desarrollo y la justicia social; a la vez del fortalecimiento del peso de los sectores privados, fuertemente monopolizados, en las economías de la región. Lo que propugna entonces el neoliberalismo es la disminución de “las parcelas de democracia y solidaridad colectiva que existen en el Estado o cuya existencia es garantizada por el Estado”.8

Uno de los pilares que han sostenido la práctica y el modelo neoliberal ha sido el énfasis en la descentralización. Sin embargo, en sus marcos ideológicos, la descentralización tiene un sentido específico: constituirse sobre la base de fracturas sociales, a través de la generación de proyectos y programas de desarrollo desconectados entre sí que impidan tanto una proyección articulada con lo nacional como la emergencia de actores estratégicos diversos. Además, se favorecen las leyes del mercado y valoriza o desvaloriza a la localidad de acuerdo, exclusivamente, con su condición competitiva. Las políticas descentralizadoras son estimuladas por el neoliberalismo tras la apariencia de política favorable y de revalorización de las instituciones locales, a pesar de que, a la misma vez, traen consigo “la modificación del mercado laboral, la economía informal, el aumento de la desocupación y el desempleo, la concentración del ingreso y,simultáneamente, el aumento de la extrema pobreza”.9

Como vemos, la descentralización no implica necesariamente la democratización de la sociedad y su aparato institucional, pues puede ser funcional a una desconexión entre las estructuras y actores sociales, limitando su poder e impidiendo su socialización; es decir, coartar los procesos de participación social y política conducentes a la democracia. Esto no es casual: en el neoliberalismo, la participación restringe su objetivo a que el poder político logre legitimidad y tiene entonces el cercano límite que demarca el poder existente;10 de modo que queda circunscrita al mínimo necesario para la reproducción de aquel. Por eso, los procesos participativos que se promueven son fragmentados y se apoyan en canales, medios y fines que parcelan el poder y limitan la acción colectiva.

Aun cuando el modelo neoliberal ha demostrado su ineficacia, conserva una innegable fuerza ideológica. Debido a las experiencias negativas —y sus usos— de los modelos de coordinación social estadocéntricos, las políticas neoliberales han construido como uno de sus mitos fundadores el mito antiestatista, y enuncian como leyes universales las experiencias históricas particulares de estados centralistas burocráticos, como es el caso de la antigua URSS.

Como resultado, se piensa y proyecta el neoliberalismo como contrapropuesta a las experiencias estadocéntricas, con lo cual se invisibiliza la existencia de un Estado atrapado en una relación de dependencia con el mercado o, más específicamente, bajo los intereses del capital. El neoliberalismo apuesta por un Estado distinto que estimula el monopolio del mercado sobre la regulación de las relaciones sociales. Es entonces el mercado la instancia centralizadora del poder social, político y económico.

La experiencia socialista de Europa del Este demostró que el estadocentismo desemboca, aun con fines altruistas, en rigidez, inoperancia económica, obliteración de las tendencias comunitarias hacia la autogestión y el libre desarrollo del individuo y sus asociaciones.11 A la vez, se niegan otros espacios, agendas y actores económicos, limita el ejercicio democrático participativo y no proyecta sus acciones en escenarios múltiples. La inviabilidad de someter a las regiones a un modelo homogéneo de progreso, desde las políticas de un Estado central no ajustadas a sus condiciones, cultura, recursos y demandas, se convierte en argumento de las políticas descentralizadoras.

De ese modo, la contrapropuesta al neoliberalismo no sería el estatismo, sino un Estado entendido como regulación económica, política de estabilidad, regulación social, y control sobre el mercado; de la mano de una democratización creciente de todos los espacios sociales que haga posible el protagonismo de actores y escenarios múltiples. Un Estado, en definitiva, que garantice la universalidad de los derechos ciudadanos y articule políticas centralizadas con formas descentralizadas de gestión. Esto conduce ciertamente a la reinvención de la relación local-global como elemento importante para la construcción de alternativas políticas, pues es en el espacio local donde se visualizan las contradicciones y limitantes del modelo de desarrollo en cuestión.

Con ese horizonte, la reivindicación de lo local en el marco de alternativas emancipadoras y anticapitalistas articula la socialización del poder a través de la diversificación de actores estratégicos, con la complementariedad de procesos de centralización y descentralización, sin considerarlos polos irreconciliables. Para eso, la integración de los actores locales y sus relaciones de horizontalidad necesita conjugarse con procesos de horizontalidad y de socialización del poder a otras escalas sociales y, desde ahí, contribuir al compromiso social y la complicación; propiciar la transferencia de poder desde los órganos reguladores hacia el resto de las instituciones sociales y de estos a sus dependencias, una mayor agilidad en la toma y cumplimiento de decisiones, así como un enriquecimiento de los sujetos participantes y de la propia actividad participativa;12 unido todo a una progresiva democratización de las acciones del Estado, una consecuente vigilancia de estas y un nuevo sentido de lo público.13

De ese modo, los espacios de participación social y política constituyen un punto de giro para construir alternativas anticapitalistas, en tanto se orientan a la construcción de un poder popular local, en relación recíproca con una presencia popular del Estado14 como condición de su fortalecimiento.15 Todo esto a través de la existencia de canales que los hagan posible en instituciones del sistema político local «realmente existente»,16 y que permitan la representación de los intereses territoriales al interior del sistema político global.

Ese camino conduce al rompimiento de prácticas clientelares, autoritarias o populistas, para lo cual se hace necesaria la transformación de la administración municipal en espacio de representación de diversos intereses;17 velando por no caer en el utilitarismo que ha resultado de la excesiva formalización de los espacios de participación, el que puede limitar el desarrollo de las capacidades políticas de actores sociales.

Por todo lo anterior, lo local deviene alternativa cuando apunta al acompañamiento de una entidad estatal central que, en un escenario clasista y jerárquicamente estratificado, ejerce un rol de facilitador, coordinador, coactor, y que puede ser aprovechado por los sectores populares para garantizar la construcción de una estrategia nacional integradora de la diversidad.18 Asimismo, se convierte en un proceso democrático que va más allá de la agregación de demandas sociales que, muchas veces, son consideradas como el mejor tipo de relaciones entre el Estado y el resto de los actores sociales, y se confunden con el ejercicio pleno de la democracia. Sin embargo, la agregación de demandas —lejos de convertirse en una expansión democrática de los marcos de actuación política de los sujetos populares— implica un uso restringido del poder popular, limita la libertad de decisión popular sobre los destinos de la nación como proyecto colectivo, y restringe la posibilidad y el derecho de controlar los cursos colectivos de la vida de una sociedad. Esta lectura ubica a los sujetos en el rol de demandantes y los imposibilita para constituirse en verdaderos sujetos populares: ser mandantes y mandatarios.

 

Desarrollo de los espacios locales en Cuba

Las relaciones entre lo local, lo nacional y lo global siempre están ligadas al análisis del modelo —o modelos— de desarrollo19 a las que responden. ¿Cómo el modelo de desarrollo cubano constituye condición de posibilidad para los espacios de desarrollo local en Cuba hoy? Las características centralistas del Estado y la política cubanas imprimen un carácter particular al modelo del desarrollo nacional y, por tanto, a sus alternativas locales. Las especificidades que eso alcanza se visibilizan en el análisis de los procesos de centralización-descentralización y de participación local.

 

Sobre el modelo de desarrollo cubano

Gran parte de los estudios sobre los modelos de desarrollo que han sido construidos e implementados durante el período de la Revolución20 se han centrado en su dimensión económica.21 Tras ese hecho se encuentra una premisa básica no solo para los estudios, sino para los modelos mismos: el desarrollo refiere, al menos esencialmente, al crecimiento económico.

Sin embargo, a diferencia de las economías puramente capitalistas, en las que el crecimiento económico es un fin del propio desarrollo, el proyecto revolucionario cubano, de carácter socialista, lo ha concebido como medio para la satisfacción de necesidades imprescindibles del ser humano. Como consecuencia, las relaciones entre lo económico y lo social —que se concreta en una fuerte política social—22 se han entendido como de medios-fines.23

La condición de país subdesarrollado y dependiente impone condiciones de posibilidad a las estrategias de desarrollo, más allá de la voluntad política. La crisis económica-política-social de los noventa produjo un giro en el modelo de desarrollo vigente desde la década de los setenta, centrado en la industrialización por la vía de la sustitución de importaciones. A partir de entonces, “se abrió una nueva etapa de lo que, en esencia, era la misma estrategia, la que se puede denominar ?reindustrialización por la vía de la sustitución de importaciones con orientación exportadora superimpuesta?”.24

El modelo de desarrollo implementado a partir de la crisis y reforma de los noventa25 se ha caracterizado por estrategias de resistencia26 que coartan la estructuración y planificación de estrategias a largo plazo, y las hace responder principalmente a coyunturas, por lo que se encuentran marcadas por escenarios de oportunidades y limitaciones muy específicas. Eso no es exclusivo de Cuba; en general las estrategias de desarrollo tienden a ser más resultado de decisiones prácticas y fragmentadas que tratan de dar respuesta a crisis inmediatas y a problemas de corto plazo, que a consideraciones estratégicas.27

Igualmente, en muchos países se ha priorizado al Estado-nación como gestor y ámbito exclusivo de las políticas; de modo que la localidad ha quedado supeditada a políticas rígidas, promotoras del homogenismo. Eso se ha convertido en una limitación importante del modelo, pues, con la exclusión del espacio local se ha desconocido la diversidad de potencialidades y limitaciones de cada territorio, y no se han analizado los modos en que podrían articularse esas potencialidades y limitaciones, dentro de la estrategia de desarrollo nacional.

En Cuba, las estrategias de desarrollo de las localidades están compuestas por las líneas, proyectos y acciones diseñadas en el Consejo Popular,28 las cuales tienen como fin la transformación y el favorecimiento de la reproducción de la vida de sus habitantes. La realización de diagnósticos participativos de las principales problemáticas, fortalezas y limitaciones de las comunidades, sirve de herramienta fundamental a esos fines y tributa a la construcción de un Planeamiento Estratégico Comunitario.29

El planeamiento recoge, junto a los problemas de la comunidad, la misión, los objetivos y el plan de acciones a realizar durante un período aproximado de dos años en el Consejo Popular. En su implementación se evidencia el carácter coyuntural de las estrategias de desarrollo y las limitaciones de su carácter sistemático: las acciones estratégicas planificadas son sustituidas y/o aplazadas por acciones inmediatas que den solución a las situaciones emergentes que se presentan en las comunidades y que resultan del agravamiento de sus problemáticas, unidas a la escasez de recursos. La existencia de situaciones emergentes no es contenida en los planes, sino que se considera una alteración de estos, incluso cuando hasta pueden preverse.30

El desencuentro entre las necesidades realmente existentes en la comunidad y los planes implementados en estas revelan las limitaciones de la planificación como instrumento sistémico.31 Entonces, ¿quiénes construyen los planes?, ¿con arreglo a qué información?, ¿cómo se definen los plazos y las prioridades? Son preguntas que debieran ser permanentes y cuyas respuestas esclarecen los posicionamientos políticos de su base.

El ejercicio de la construcción de los planes debe utilizar la vía de conocimiento de las necesidades de los territorios “desde abajo” y ponerlas en diálogo con los recursos y necesidades del país. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que los planes, y sus ajustes o modificaciones, “bajan desde arriba”, mientras que la no disponibilidad de recursos materiales es el argumento exclusivo de que los recursos no se corresponden con las necesidades. El resultado de la exclusividad de la dimensión de los recursos, que son destinados desde niveles de gobierno superiores, conduce a que la planificación se centre en aquellos que presuntamente serán otorgados: el presupuesto. La dependencia sobre las posibilidades económicas que tiene el país para solucionar determinados problemas se ha legitimado tanto desde “arriba” como desde “abajo”. Por ejemplo, en el momento de elaboración de un proyecto, aun cuando se haya incrementado el margen de posibilidades materiales que lo sustentan, quienes lo diseñan solicitan menos recursos de los necesarios, “presuponiendo” que no les van a “aprobar” nuevamente, desde arriba— el monto requerido. Este ejercicio desplaza las necesidades realmente existentes y vuelve sus soluciones dependientes de los recursos distribuidos verticalmente.

La autonomía del espacio local, principal punto de apoyo para un desarrollo de las localidades, queda cercenada por políticas como estas. Los procesos de centralización/descentralización contribuyen a profundizar en esta cuestión.

 

Centralización o descentralización: caminos inciertos para la política cubana

Hemos dicho que la centralización ha sido una característica permanente del modelo de desarrollo cubano durante todas las etapas de la Revolución, alrededor de la cual se ha sostenido el proyecto socialista.

El esquema que ubica a la centralización como un polo opuesto a la descentralización daría a entender la imposibilidad de que un desarrollo local tenga lugar dentro de un modelo centralizado. Ciertamente, las limitantes y desviaciones del modelo de desarrollo cubano en los últimos cincuenta años y de su sistema político han frenado la acción de los actores locales para transformar su territorio.32 Eso, sin embargo, no niega el carácter de sostenibilidad que brinda un modelo de centralización a aquellas experiencias que, siendo descentralizadas, se encuentran, más que autónomas, cercadas por la propia descentralización que profundiza las desigualdades. Dentro de este esquema por un lado estarán quienes tienen los recursos y capacidades para un determinado estilo de desarrollo —que siempre se da en unas condiciones específicas y que tiende a hacerse hegemónico de acuerdo con su efectividad— y, por el otro, estarán, en oposición, quienes no cuentan con esas capacidades, posibilidades ni recursos para insertarse en ese estilo de desarrollo. Las relaciones que se establezcan entre unos y otros en el marco de un esquema de descentralización total serán entonces de competencia y explotación y no de cooperación.

Un camino con características y horizontes distintos es aquel que desliga la centralización del estatismo, de la burocracia, el homogenismo y otras deformaciones históricas. Para el contexto cubano eso tiene dos salidas: no creer que la potenciación del desarrollo de las localidades está en una fórmula de descentralización en la cual cada territorio sea dependiente exclusivamente de sus capacidades y recursos, y, en segundo lugar, permitir una crítica sobre el modelo de centralización actual que permita continuar con un esquema de redistribución de recursos, de equidad social y protección a aquellos sectores más desfavorecidos, sin limitar las posibilidades de desarrollo en ningún nivel.

Entonces, ¿qué descentralización necesita el Estado cubano? ¿Es viable mantener una fórmula estrictamente centralista como estrategia para el desarrollo? ¿Cómo confluyen las propuestas descentralizadoras dentro del marco de un Estado centralista? Estas interrogantes deben estar precedidas por dos preguntas generales: ¿qué tipo de centralismo ejerce el Estado cubano actual?, ¿cuáles son sus fortalezas y limitaciones?

El centralismo ejercido por el Estado cubano ha tenido una fortaleza central: la búsqueda de la satisfacción de las necesidades de las mayorías y la responsabilidad con la calidad de vida de cada ciudadano(a). Esto ha sido garantía de universalidad en el acceso a servicios básicos (salud, educación, empleo) y una política social tendiente a la igualdad que ha permitido asegurar una mejor distribución de los accesos y riquezas en las condiciones de país bloqueado, subdesarrollado y dependiente. Sin embargo, en su diseño e implementación se evidencian limitaciones.

Ese centralismo predominante contiene deformaciones burocráticas, autoritarias, homogenistas, estatistas y verticalistas que inhabilitan otros flujos de poder y derivan en rigidez e inoperancia económica del Estado que, como vía de coordinación y organización políticas, queda incapacitado para articularse con formas descentralizadas de gestión y manejo de recursos. Con esto se han restringido las posibilidades de desarrollo en las localidades y las relaciones estado-mercado. Experiencias locales, como los programas de las Oficinas del Historiador de la Ciudad de La Habana,33 han mostrado las repercusiones positivas de la autogestión y el manejo local de los recursos financieros y humanos, en conexión con las políticas nacionales.34 Sin embargo, la personalización de los programas en la figura del Historiador de la Ciudad viola el ejercicio del poder popular como práctica plena de la democracia y como control social. Esa es una de las consecuencias que viven los procesos de descentralización, cuando son desconectados —aunque sea parcialmente— de una política centralista de carácter no capitalista.

En el espacio local cubano se han visualizado las contradicciones y limitantes del modelo centralista implementado que, además de frenar las estrategias de descentralización necesarias para el sostenimiento del Estado, imposibilitan la existencia de una política centralista común para todas sus instituciones35 que conforman el entramado institucional.

Las organizaciones estatales se estructuran a partir de un esquema de centralización y concentración de funciones, las que, a su vez, expresan una concentración de poderes. Sin embargo, esto no niega la duplicación de funciones de unas instituciones por otras que generan “un corrimiento de funciones”.36

Otra característica del esquema institucional es la multisubordinación: una organización no se subordina solo a su inmediata superior, sino a otras. Por ejemplo, los actores que componen el Consejo Popular responden, además de al propio Consejo como máximo controlador y fiscalizador en la localidad, a la organización a la cual pertenecen: entidades administrativas, órganos de gobierno (Consejo de Estado), organizaciones políticas y de masas. Estas instituciones, a su vez, no mantienen un flujo común y sistemático de comunicación.

Todo lo anterior limita el diseño e implementación de un modelo centralista que ponga en diálogo los distintos planes y acciones de cada órgano del Estado. Por tanto, el sistema institucional cubano, lejos de ser una consecuencia del centralismo, es la primera limitante para el ejercicio organizado, planificado y controlado de una política centralista, pues toda centralización necesita de esquemas, estructuras y canales de subordinación viables, mediante el cual fluyan las políticas.

Ahora bien, con esto no se garantiza la construcción de la democracia, pues bien pueden responder a modos de funcionamiento totalitaristas y autocráticos. Construir, también en los espacios locales, caminos conducentes a la democracia supondría que la articulación entre formas centralizadas y descentralizadas de la política, la economía y la vida social se reviertan en la creciente participación política y en la generación continua de poder popular. Por esa razón, dentro del análisis radica una discusión que es medular: ¿qué participación se potencia y practica en los espacios locales?, ¿qué relación guarda con el modelo de desarrollo?, ¿la institucionalidad existente, el tipo de política que ella implementa, las características del modelo de desarrollo cubano qué participación promueven?

 

La participación local

En las localidades, la participación social encuentra limitaciones que se expresan en dos dimensiones interconectadas: los modos en que se relacionan los actores locales y los condicionamientos que los niveles centrales del Estado imponen; tanto en lo referido a las relaciones entre los propios actores locales, como a la del Estado central con estos.

Desde el Estado-nación se ubica en los órganos provinciales y nacionales el núcleo en la toma de decisiones de lo que sucede en las localidades, tanto en relación con los recursos financieros, su planificación y distribución, como con todos los recursos con los que cuenta la comunidad. Siendo así, las relaciones se definen por un verticalismo que, como hemos argumentado, constituye una deformación del centralismo implementado y, a su vez, coarta los procesos participativos locales. Es, de ese modo, que los territorios pierden posibilidades de gestión local, se desconocen en parte sus necesidades, se falsean los procedimientos establecidos y se reproduce un tipo de relación paternalista con un Estado central que se hace eje de la solución o no solución de todos los problemas comunitarios. Eso, además, deviene telón de fondo de otro problema: los espacios locales resultan deslegitimados para mandantes y mandatarios(as), pues en ese juego del paternalismo, las máximas instituciones conservan su legitimidad, porque son las protagonistas de las pocas situaciones que alcanzan resolución, mientras que las instituciones locales la pierden, porque por estas rara vez pasa la solución de las situaciones de precariedad de la comunidad. Sin embargo, las primeras son mucho más inaccesibles para los(as) ciudadanos(as).

Los procesos participativos locales, en lo referido a la institucionalidad existente, se encuentran limitados por los canales y el propio funcionamiento de dicha institucionalidad: el corrimiento de funciones, la hipersubordinación y el verticalismo que inhabilita a las instituciones locales a participar como actores (políticos, económicos, sociales y culturales) de las problemáticas de las comunidades y de las estrategias para su resolución.

A ese escenario se integra otro elemento: aquel que alude a la participación de las personas que viven/trabajan en las comunidades y su posibilidad de convertirse en actores locales. Ese análisis implica una doble mirada, la de los actores locales ya constituidos (y que responden a las instituciones políticas, administrativas y de masas ya creadas) y la del resto de la comunidad.

Desde las instituciones locales se ve la participación comunitaria, a partir de una concepción movilizativa, refiriéndola, a través de actividades y acciones concretas, a las que las personas “acuden” o “no acuden”. Ahora bien, el lugar desde el cual proviene la convocatoria marca una distinción. Cuando se trata de convocatorias del Estado central —en este caso esencialmente movilizativas— entonces la comunidad participa, y su participación deviene argumento de su compromiso y de la legitimidad de sus demandas; asegurándose así la reproducción de la legitimidad que tiene el Estado como centralizador político y económico del país, como ya habíamos visto. Sin embargo, cuando la convocatoria proviene del espacio comunitario la situación es otra: los(as) representantes de las instituciones locales consideran que la comunidad participa poco, cada vez menos. La argumentación de ambas situaciones coincide, y así lo hacen saber mandantes y mandatarios(as): los espacios locales no constituyen espacios de resolución de las problemáticas de la localidad.

Según los representantes de las instituciones locales, los(as) mandantes no cuentan con posibilidades de gestión local y, por eso, descreen de las instituciones locales que, por demás, visibilizan una fragmentación en su trabajo. Aun así, las personas continúan acudiendo a las instituciones locales, principalmente a la sede del Consejo Popular, como única opción posible; sobre todo para aquellos grupos que carecen de otras redes, mecanismos y recursos de gestión.

La participación de los distintos grupos sociales como parte de la gestión del desarrollo de las localidades supone la posibilidad de incluir sus necesidades en la agenda pública de las instituciones que condicionan la vida comunitaria, así como idear soluciones, posibilidades de autorganización y, también, contar con el poder y los mecanismos para controlar el desempeño de sus mandatarios y de los representantes de las instituciones en general, lo cual es un paso esencial en la gestión popular de los modelos de desarrollo de las localidades.

A contrapelo de esa amplia concepción de la participación, en las comunidades se privilegia la agregación de demandas como dimensión principal, dejando fuera la toma de decisiones y la posibilidad de control. No obstante, tampoco la agregación de demandas encuentra realización, pues es concebida como un escenario formal de reiteración de las problemáticas y no una posibilidad real de su resolución. La rendición de cuentas —potencial posibilidad de ejercer la participación a través del control— cuenta con un proceso bianual, pero, en la práctica, la rendición de cuentas se reduce a reportes muy puntuales de la actuación de los mandatarios(as), carece de sistematicidad y nuevamente muestran su imposibilidad para constituirse en reales actores locales. Siendo así, la rendición de cuentas no se considera como un espacio de control y fiscalización de la gestión del delegado/a, pues la comunidad sabe que él/ella no tiene poder de incidencia, y que, muchas veces, las respuestas de las otras instituciones son “no” respuestas o negativas, sin un conocimiento de lo que sucede en la comunidad. Así, los mecanismos de control y fiscalización sobre las demás instituciones no funcionan para el(la) delegado(a) del Poder Popular ni para sus mandantes.

Un análisis del funcionamiento de las comunidades cubanas posibilita identificar potencialidades para el ejercicio de una participación popular. Entre estas, una estructura de representación popular que permitiría una vinculación constante de los(as) mandantes y mandatarios(as) y, además, constituirían en su práctica de representación canal de relación con otros niveles políticos y organizativos del país. Con esta se podría propiciar además la gestión local, a partir de los vínculos entre las instituciones del gobierno y el resto de las instituciones administrativas y comunitarias.

Sin embargo, como hemos visto, esta se encuentra constantemente limitada por un tipo de práctica política que remite todo el tiempo a un Estado central, que se vuelve autorreferencial para la toma de decisiones sobre las localidades, coartando los procesos de participación local. Por esas razones, la institucionalidad local pierde legitimidad, y también el espacio local como posibilidad de autotransformación, tanto para los(as) mandantes como para sus mandatarios(as). Con esto, junto a la imposibilidad de participación de los sujetos sociales sobre los espacios que los involucran, se producen procesos de extrañamiento de los mismos hacia la política.

 

Cuadro analítico de los cambios que afectan el espacio local

Los análisis realizados solo sirven si contribuyen a repensar y a generar otros caminos para el desarrollo de las localidades. Los procesos sociales, en su permanente dinamismo, requieren incorporar constantemente nuevas dimensiones y hacer giros en los análisis, a la luz de las nuevas situaciones que configuran también nuevas condiciones de posibilidad. Es, por esa razón, que las ideas expuestas necesitan ponerse en relación con el nuevo proceso de cambios que tiene lugar hoy en Cuba; de modo que, a continuación, referimos brevemente un análisis del Proyecto de Lineamientos del Partido Comunista de Cuba, documento rector de debates públicos organizados por el Estado cubano hacia finales de 2010. Desde ahí, se hace imprescindible entonces mirar hacia las localidades y ver cómo quedan delineados su desarrollo, sus riesgos y posibilidades.

Un estudio de los lineamientos y de las medidas de apertura hacia el sector cuentapropista revela que, si bien hay una disposición descentralizadora hacia el territorio,37 su reestructuración es escasamente abordada.38 El tipo de descentralización que se pretende conceder a los territorios responde estrictamente a obtener de estos una autosustentabilidad económica. Esta es su primera limitante, ya que presupone que todos los territorios cuentan con recursos —humanos, naturales, económicos, etc.— desde los cuales sostener su propio desarrollo económico. Esta propuesta se convierte en un riesgo al no estar acompañada de una política central del Estado que permita redistribuir hacia aquellas localidades en mayor desventaja una parte de lo producido por el resto, elemento que no se incluye dentro de las líneas generales. Al mismo tiempo, la descentralización se restringe a la finalidad económica, obviando el resto de funciones y el tipo de organización que, en la localidad, deberían modificarse, no solo para viabilizar dicha descentralización, sino también para potenciar la autonomía del territorio, de sus sujetos.

Por otro lado, la planificación es retomada como instrumento rector en la “actualización del modelo económico cubano”39 y ratificada sobre las leyes del mercado. La cuestión de la planificación es vital en la proyección de las estrategias de desarrollo, en todos sus niveles, si se quiere asegurar justicia e igualdad sociales, pero no basta con eso. Es imprescindible hacer una revisión crítica de los modos de diseño, construcción e implementación de los planes en los distintos niveles y sectores del país. Si sigue conservándose la misma cultura del plan antes apuntada y los mismos mecanismos, las localidades seguirán siendo las principales afectadas. ¿Cómo se construirán los planes que van a regir el desarrollo económico de los territorios? ¿Quiénes formarán parte en la construcción de esos planes con real poder de decisión? ¿Bajo cuáles principios y fines se diseñarán, quiénes definirán esos principios y fines? ¿Cuáles serán sus mecanismos de control? Será necesario responder estas preguntas para producir una verdadera “actualización”.

Si bien recae en el municipio la responsabilidad de asumir la autosustentabilidad económica, para algunas cuestiones, como el ordenamiento territorial y urbano, este queda fuera.40 Frente a la reestructuración organizativa del trabajo, de las actividades económicas y, en consecuencia, del espacio, es fundamental que el ordenamiento territorial y urbano sea una atribución directa del municipio, como espacio directo en el cual se realizarán dichas reestructuraciones. Esto puede, y debe, estar concertado y regido por principios de ordenamiento a nivel provincial, regional y nacional, pero sin violentar la necesaria autonomía del municipio. Ubicar estas funciones en el municipio permite, además, obviar trabas burocráticas y dotarlo de real poder de decisión.

A fin de eliminar tales trabas burocráticas y facilitar el empoderamiento de los Consejos Populares y Asambleas Municipales, Provinciales y Nacional del Poder Popular, así como evitar la duplicación o corrimiento de funciones de unos actores hacia otros, como antes se explicó, es necesario revisar la pertinencia de los Consejos de la Administración Municipales (CAM) y Provinciales (CAP). Según proponen los lineamientos, estos no intervendrán en la gestión empresarial, sino que se encargarán de atesorar el tributo pagado por las empresas enmarcadas en su territorio.41

Si el control de los recursos recae sobre los CAM y CAP, el Consejo Popular y las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular siguen desprovistas de la capacidad y posibilidad de dar respuesta a las necesidades de sus mandantes, pues los(as) delegados(as) del Poder Popular se subordinan a sus electores(as) e integran el Consejo Popular, y no los CAM/CAP. En la práctica, esta división entre Asamblea y Consejo de la Administración, además de ser superficial, debido a que coinciden presidentes y vicepresidentes en una y otra estructura, produce una expropiación de los recursos y de la toma de decisiones de las Asambleas y Consejos Populares, además de una suplantación de poderes. La reestructuración de funciones hacia los Consejos de la Administración no es en realidad una reestructuración de sus funciones, pues continúan centralizando los recursos de los territorios y subordinando a las demás estructuras a su poder económico.

En sentido general, se pretende producir una gradual descentralización de los gobiernos locales, fundamentalmente buscando una autosustentabilidad económica, lo cual es imprescindible para el actual modelo de desarrollo cubano, tanto a nivel nacional como local. Sin embargo, restringir la descentralización a esta dimensión, no acompañándola de un marco más específico de análisis que permita revelar todas las estructuras, sistemas de subordinaciones e instrumentos que no funcionan o limitan el desarrollo de otros en la localidad, la convierten en un paso riesgoso e inseguro.

Aun cuando la referencia directa a los territorios es escasa en el Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, otros aspectos que aborda impactarán directamente la vida comunitaria. En el documento se encuentra la explícita referencia a la reducción de los subsidios: ¿qué impactos tendrá eso para la vida comunitaria, especialmente para la de aquellas comunidades en las que existe una situación de pobreza y donde las personas continúan acudiendo, a falta de otros caminos, a los consejos populares que no tienen recursos económicos?

Aun cuando los lineamientos han sido discutidos en un proceso de consulta popular y en el próximo Congreso del Partido Comunista de Cuba, ya se están implementando medidas que suponen grandes cambios y que están produciendo nuevas miradas, urgencias y necesidades en los distintos espacios sociales, también los comunitarios. En ese caso se encuentra la apertura al otorgamiento de licencias para desarrollar actividades por cuenta propia, que estuvo precedida por el conocimiento de una larga lista de categorías que dan contenido a las actividades autorizadas. El impacto de esas nuevas actividades —al parecer pequeñas y medianas empresas— será principalmente a nivel local y muchas de ellas serán realizadas y pensadas en los espacios comunitarios. Las categorías que se manejan para los autorizos correspondientes resultan sumamente específicas; de modo que no dejan a quienes trabajarán en esos sectores perfilar sus ofertas de bienes y servicios. Siendo así, se produce, junto con la declarada intención de dinamizar la economía, un retorno a procedimientos que permiten una actualización, también, de procesos de centralización burocrática.

Las abundantes respuestas a las iniciativas de trabajo por cuenta propia necesitan vincularse con las necesidades de las comunidades y con una estrategia, construida democráticamente, de desarrollo. Estimular la realización de actividades por cuenta propia en búsqueda armónica con el interés social de los espacios comunitarios es un elemento imprescindible para que esas nuevas medidas reviertan en desarrollo microsocial, construyendo nuevos parámetros de ese desarrollo.

Por último, otra observación: la promoción de actividades que acompañen la actualización del modelo económico cubano se restringe, hasta el momento, a las actividades por cuenta propia. Aun cuando ha sido anunciada la próxima posibilidad de crear otras formas de propiedad como las cooperativas, todavía no existe ni un marco legal para eso ni se hace visible su incentivo. Siendo así, las medidas que actualizan el modelo económico que se dibujan hasta el momento responden, exclusivamente, a iniciativas individuales sobre las colectivas, a las formas privadas de propiedad sobre formas sociales de propiedad, cuando sería positivo que coexistieran en tiempo y espacio las posibilidades para una y otra. Con eso, no solo se estaría siendo más coherente con un modelo socialista de la economía —que es decir también un modelo socialista de vida—, sino que supondría formas distintas de relacionamiento social, estimulación de procesos de democratización de los vínculos laborales, económicos y políticos. De ese modo, los espacios locales también se encontrarían revitalizados por el propio interés social, a partir de la vida colectiva de quienes los habitan/trabajan en estos, y socializarían, a su vez, la política socialista.

 

Propuestas para el desarrollo en las localidades a la luz de los cambios

La actualización del modelo cubano de desarrollo, y no solo económico, es imprescindible. Esta “actualización” deberá ser entendida como rectificación hacia el socialismo como nuestra única opción al desarrollo. Enfocar los análisis económicos hacia las localidades es vital. Es desde estas, desde sus condiciones actuales (institucionales, naturales, infraestructurales, sociales, culturales, entre otras) que será posible poner en práctica de manera efectiva y sostenida —no solo sustentable— una estrategia descentralizadora. Por esta razón algunas recomendaciones en ese sentido podrían encaminarse a:

-La profundización del estudio de las características, condiciones y modos de funcionamiento del modelo de desarrollo en las localidades, a fin de hacer sostenibles las reestructuraciones macroeconómicas, sin afectar negativamente el espacio micro.

-El entendimiento de la descentralización de modo integral. Esto es, no solo en su dimensión económica, sino también como responsabilidad, capacidad de decisión y gestión a la localidad.

-El acompañamiento de una política central de redistribución de recursos hacia aquellos territorios, sectores, instituciones y sujetos más desfavorecidos, cuyas condiciones de posibilidad no les permitan autosostenerse.

-La consideración del Consejo Popular como el verdadero rector de las necesidades existentes en la localidad, los modos de solucionarlos y los recursos para esto, con subordinación solo metodológica a las Asambleas Municipales del Poder Popular.

-La eliminación de la estructura de los CAM y los CAP, de modo que el tributo de las empresas enmarcadas en el territorio sea pagado directamente al Consejo Popular o a las Asambleas Municipales del Poder Popular, según sea pertinente, y una parte de este sea entregado a su inmediata superior (Asambleas Municipales del Poder Popular o Asamblea Provincial del Poder Popular). Todo eso regulado por una política central que atienda y estudie las particularidades de cada territorio y permita una redistribución central de recursos.

-El establecimiento de conexiones directas entre territorios e instituciones que permitan el intercambio y redistribución de recursos a partir de la política central, en aquellos casos en los que por el nivel de su producción y distancia entre unos y otros sea factible.

-La concertación, entre los verdaderos sujetos de cada proceso, de la planificación de sus territorios atendiendo a: las necesidades reales existentes en la comunidad, los recursos disponibles tanto dentro como fuera de la localidad y que puedan gestionar, y las políticas centrales del Estado. Estas políticas o principios generales de la planificación deberán ser propuestas sobre la base de un estudio crítico de la planificación actual y ser discutidas, enriquecidas y aprobadas no solo a nivel de la Asamblea Nacional del Poder Popular, sino en cada institución y fundamentalmente en los Consejos Populares.

-La consideración de un diseño estratégico e integral del desarrollo a largo plazo, dentro del cual se tengan en cuenta acciones inmediatas que den solución a problemáticas emergentes, pero que no se restrinja a estas.

-La creación y estimulación de formas de propiedad social al interior de las comunidades.

 

  • El establecimiento de mecanismos de control social y popular que permitan: 1. El acceso a la información de todo lo que se refiere a la estrategia de desarrollo local y su implantación: los recursos con que cuenta el territorio —no solo monetarios—, de dónde provienen y cómo, cuáles son sus destinos, propuestas y fines reales. 2. El chequeo sistemático por parte de comisiones u otras formas organizativas sobre la gestión de las instituciones y personas que diseñan e implementan la estrategia de desarrollo y sus acciones. Esta organización podría estar compuesta por los(as) residentes de la localidad, no implicaría ningún beneficio económico ni uso de influencias, debería rendir cuentas periódicamente al resto de los(as) residentes y ser renovada según los períodos acordados por cada localidad. Estos períodos necesitarían ser lo suficientemente largos como para permitir un trabajo sistemático y, al mismo tiempo, breve, para favorecer la participación activa de la mayor cantidad de personas, su educación en este tipo de función y, sobre todo, para evitar el mal uso de poderes que vayan en detrimento del control popular. Se recomienda que el tiempo de funcionamiento sea por un año. Las comisiones no deben estar integradas necesariamente por los(as) delegados(as) del Poder Popular. 3. Establecer un marco legal que dote de poder a los residentes de cada localidad para velar por el cumplimiento de los acuerdos populares, no dependiendo de la decisión de instituciones y organismos que, muchas veces, son los protagonistas de las violaciones o no responden a las demandas populares de la localidad.
  • La redacción de los cambios propuestos en forma suficientemente clara para ser entendida por quienes no son especialistas.
  • Que cada una de las estrategias y cambios propuestos sobre el espacio local o que repercutan en él sean acompañados de un minucioso y preciso marco jurídico que delimite su aplicación. De este modo, se evitaría los usos de poder y deformaciones sobre las implementaciones.

 Notas

1 Constitución de la República de Cuba, Ley 91 de los Consejos Populares, Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social, Normas de la política ambiental cubana.

2 Diosnara Ortega: Examen de la estrategia de desarrollo local: las relaciones pobrezamedio ambiente-cambio climático en el contexto cubano, Informe de investigación Clacso Crop, 2010 (inédito); Diosnara Ortega: Estado centralista: fortalezas y limitaciones de la experiencia cubana, ponencia presentada en el Seminario Internacional Estrategias contra la pobreza: alternativas desde el Sur, 1ro. al 3 de diciembre de 2009 y Ailynn. Torres: La participación para la alternativa, Informe de investigación Clacso Crop, 2009 (inédito).

3 Haroldo Dilla (1996, 2000), Juan Valdés Paz (1996, 2006, 2007, 2008), Ada Guzón (2006), Mayra Espina (2006, 2008), María del Carmen Zabala y Elaine Morales (1999), Olga Fernández (1996), Cecilia Linares (2004), Aymara Hernández (2004).

4 Pedro Monreal (1995, 1997, 2002), Julio Carranza (1995, 1997), Luis Gutiérrez (1995), Mayra Espina (2008, 2010).

5 Mayra Espina: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad, Clacso, Buenos Aires, 2008.

6 Aymara Hernández: “Neoliberalismo y localismo, ¿una asociación posible de desmentir? Respuesta desde la experiencia cubana”, en Linares Fleites, Cecilia; Moras Puig, Pedro Emilio y Rivero Baxter, Yisel: La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2004, p. 75.

7 Germán Sánchez: “El asalto neoliberal”, en: Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos Santos, t. 1, Editorial Unidad Regional de Ciencias Sociales Humanas para América Latina y el Caribe, Unesco, Caracas, 1998 (tomado de http://168.96.200.17/ar/libros/unesco/sanchez.rtf. ISBN: 92-9143-036-6) Espina, Mayra: Ob. cit., p. 43.

8 Espina, Mayra: Ob. cit., p. 43.

9 Aymara Hernández: Op. cit., p. 76.

10 Oscar Rebollo: “La participación en el ámbito social”, en: Marchioni, Marco (comp.): Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria, Editorial Popular, S. A., Madrid, 2000, p. 120.

11 Haroldo Dilla: “Comunidad, participación y socialismo: reinterpretando el dilema cubano”, en Dilla, Haroldo (comp.): La participación en Cuba y los retos de futuro, Ediciones Cea, La Habana, 1996, p. 12.

12 Olga Fernández: “Cuba: participación popular y sociedad”, en Dilla, Haroldo (comp.): La participación en Cuba y los retos de futuro, Ediciones Cea, La Habana, 1996, p. 54.

13 Pedro Pontual: “Construyendo una pedagogía democrática del poder”, en: Córdoba Testo, Dionisio y Méndez, Andrés (comps.): Participación ciudadana, Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A. C. México D. F., 2002, p. 13.

14 Desde el punto de vista de las iniciativas estatales, Pontual (ob. cit.) refiere que las prácticas de participación popular precisan abarcar una política de inversión de prioridades, transparencia de las acciones del gobierno, apertura de canales de participación y una radical reforma del Estado que garantice el control de la sociedad sobre las acciones de sus organismos.

15 Mercedes Valdés y José A. Toledo: “Una aproximación al tema de la participación política”, en: Colectivo de autores: Teoría sociopolítica. Selección de temas, Editorial Félix Varela, La Habana, 2005.

16 Juan Valdés Paz: «Notas sobre el sistema político cubano», en Dilla, Haroldo (comp.): La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos, Editorial de Ciencias Sociales-CEA, La Habana, 1996, p. 118.

17 Pedro Pontual: Ob. cit., p. 14.

18 Aymara Hernández: Ob. cit., p. 77.

19 Se entiende por modelo de desarrollo el conjunto de principios, instrumentos y modo de implementación de los sistemas económico, político y cultural en un espacio determinado (tanto nacional como local) con fines comunes.

20 Se refiere con período de la Revolución al que va de 1959 hasta la actualidad.

21 Monreal, Carranza, Gutiérrez, Castañeda y González.

22 Esta política social ha venido debilitándose por la crisis económica que desde los noventa atraviesa el país, y por cambios producidos en conceptos como subsidio, trabajo, productividad, ahorro, que han comenzado a ser el eje del discurso oficial desde el año 2008.

23 Con otras dimensiones, sin embargo, se ha invertido la relación. Tal ha sido el caso de la dimensión ambiental, una de las más importantes para entender hoy los análisis y propuestas para el desarrollo y las opciones políticas desde las que se enuncia. Distinto a lo que sucede con la política social, en Cuba el medio ambiente es pensado por muchos teóricos y decisores como un medio para alcanzar el progreso, y no como una expresión de este, de modo que la dimensión medioambiental se subordina al patrón hegemónico que lo define. Las estrategias que acompañaron y acompañan al modelo de desarrollo implementado desde los noventa se dirigieron hacia una sustentabilidad, más que con fines ecológicos, como búsqueda de eficiencia, es decir, centrándose en producir una mayor productividad con menos recursos. Esta característica conlleva a que las acciones y políticas diseñadas dentro de las estrategias de desarrollo local reproduzcan un modelo donde el medio ambiente queda marginado o bien subordinado a los intereses de crecimiento económico (Ortega, 2010). Este es un ejemplo de cómo dentro del modelo cubano muchas veces se diseñan e implementan estrategias, objetivos y acciones que intentan resolver problemáticas aisladas, correspondientes a una dimensión u otra, sin tener en cuenta una concepción integradora y estructural de cada una de ellas.

24 Pedro Monreal: “La globalización y los dilemas de las trayectorias económicas en Cuba”, en: Temas, no. 30, La Habana, julio-septiembre de 2002.

25 “La consideración de que la reforma se extiende hasta la actualidad no supone que asumamos que crisis-Período Especial-reajuste económico estén formando un todo lineal, sin distinciones internas de momentos que marquen una evolución de la economía y los indicadores sociales. Valdés Paz en 2003 identifica tres subperíodos, a partir de la situación de la economía, en esta etapa de socialismo mixto: entre 1990-1994, sobrevivencia; entre 1994 y 2001, recuperación; entre 2001 y la actualidad, recesión o estancamiento” (Mayra Espina, ob. cit., p. 128).

26 Ver Pedro Monreal, Julio Carranza, Luis Gutiérrez, Mayra Espina, Juan Valdés Paz.

27 Pedro Monreal: Ob. cit., p. 12.

28 Los consejos populares tienen una doble significación: como demarcación territorial y como organización estatal de base. Los consejos populares constituyen una demarcación territorial dentro del municipio y están compuestos por circunscripciones, las cuales son delimitaciones más pequeñas. Al mismo tiempo, el Consejo Popular es la organización estatal de base que sostiene todo el sistema del Poder Popular en Cuba. Esto se remite al control y fiscalización de las actividades encaminadas al desarrollo de la localidad. Para distinguir ambas definiciones, se refiere a la primera como el consejo popular (en minúsculas), y a la segunda como el Consejo Popular (en mayúsculas).

29 Por ejemplo, en comunidades con un fondo habitacional muy dañado, los derrumbes de las viviendas son tan sistemáticos que cuentan con promedios mensuales; de modo que el tipo de escenario de emergencia que se genera en cada caso puede ser, al menos en rasgos generales, previsto en ese Consejo Popular en concreto.

30 La planificación, como instrumento sistémico, deben incluir la definición de líneas y proyectos, así como todas las acciones, planificadas o no, que se producen en el transcurso de la vida del barrio, a fin de solucionar sus problemáticas.

31 Juan Valdés Paz: Ob. cit.

32 El estudio de los programas de las Oficinas del Historiador de la Ciudad requiere más espacio de análisis. En este artículo no ha sido un objetivo referir experiencias específicas, por lo cual solo nos referimos a aquellos rasgos de esa experiencia que apuntan hacia una gestión del desarrollo descentralizado dentro de un modelo centralizador.

33 No obstante, la articulación de todas las dimensiones no es sistémica. Un análisis sobre el manejo producido sobre el medio ambiente, por ejemplo, así lo demuestra.

34 Mayra Espina: Ob. cit. y Juan Valdés Paz.

35 Juan Valdés Paz: Ob. cit., p. 114.

36 Entendido este como municipio.

37 En los lineamientos que corresponden al modelo de gestión económica, hay una sección dedicada a los territorios. En ella solo se conciben cuatro puntos, los cuales se restringen a abordar la reestructuración de funciones de los Consejos de Administración Provincial y Consejos de Administración Municipal en relación con la reestructuración empresarial y el desarrollo de proyectos locales. Estos últimos son presentados como sostén del autoabastecimiento del municipio. Es el acápite que menos puntos recoge dentro de ese apartado.

38 “En la actualización del modelo económico, primará la planificación y no el Mercado”. (Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC, p. 7).

39 “Se elevará la calidad y la jerarquía de los Planes Generales de Ordenamiento Territorial y Urbano a nivel nacional, regional y provincial; su integración con las proyecciones a mediano y largo plazo de la economía y con el Plan de Inversiones. Se deberá rescatar el uso de la macrolocalización como herramienta de trabajo de la planificación, garantizando la profundidad, agilidad y plazos de respuestas en los procesos obligados de consulta de los Organismos de la Administración Central del Estado y los Consejos de la Administración Provincial Inversionistas con el Sistema de Planificación Física. Rescatar la disciplina territorial y urbana”. (Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC. Lineamiento 112, p. 17).

40 “Las empresas pagarán a los Consejos de la Administración Municipal, donde operan sus establecimientos, un tributo territorial, definido centralmente para contribuir al desarrollo de la localidad” (lineamiento 20, p. 9). “Los Consejos de la Administración Provinciales y Municipales cumplirán funciones estatales y no intervendrán directamente en la gestión empresarial” (lineamiento 35).

 

Bibliografía

Carranza, Julio; Gutiérrez, Luis y Monreal, Pedro: Cuba, la reestructuración de la economía: una propuesta para el debate, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1995.

Constitución de la República de Cuba, La Habana, 1992.

Dilla, Haroldo: “Comunidad, participación y socialismo: reinterpretando el dilema cubano”, en Haroldo Dilla (comp.): La participación en Cuba y los retos de futuro, Ediciones Cea, La Habana, 1996.

——: “¿Por qué necesitamos municipios más fuertes?”, en Roberto Dávalos: Desarrollo local y descentralización en el contexto urbano, Universidad de La Habana, La Habana, 2000.

Espina, Mayra: Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad, Clacso, Buenos Aires, 2008.

——: Desarrollo, desigualdad y políticas sociales. Acercamientos desde una perspectiva compleja, Editorial Acuario, La Habana, 2010.

——: “Apuntes sobre el concepto de desarrollo y su dimensión territorial”.

Guzón, Ada: Desarrollo local en Cuba, Editorial Academia, La Habana, 2006.

Fernández, Olga: “Cuba: participación popular y sociedad”, en Haroldo Dilla (comp.): La participación en Cuba y los retos de futuro, Ediciones CEA, La Habana, 1996.

Guzón, Ada: “Estrategias municipales para el desarrollo”, en Ada Guzón (comp.): Desarrollo local en Cuba, Editorial Academia, La Habana, 2006.

Hernández, Aymara: “Neoliberalismo y localismo, ¿una asociación posible de desmentir? Respuesta desde la experiencia cubana”, en Cecilia Linares Fleites; Pedro Emilio Moras Puig y Yisel Rivero Baxter: La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2004.

Ley 91 de los Consejos Populares (13 de julio de 2000).

Linares Fleites, Cecilia: “Desarrollo cultural y participación en el contexto municipal cubano”, en: Cecilia Linares Fleites; Pedro Emilio Moras Puig y Yisel Rivero Baxter: La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana, 2004.

Monreal, Pedro: “La globalización y los dilemas de las trayectorias económicas en Cuba”, en: Temas, no. 30, julio-septiembre, La Habana, 2002.

Ortega, Diosnara: Examen de la estrategia de desarrollo local: las relaciones pobreza-medio ambiente-cambio climático en el contexto cubano, Informe de investigación Clacso CROP (inédito).

Pontual, Pedro: “Construyendo una pedagogía democrática del poder”, en Dionisio Córdoba Testo y Andrés Méndez (comps.): Participación ciudadana, Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, A. C. México D. F., 2002.

Proyecto de Lineamientos de la política económica y social del Partido Comunista (PCC), La Habana, 2010.

Rebollo, Oscar: “La participación en el ámbito social”, en: Marco Marchioni (comp.): Comunidad y cambio social. Teoría y praxis de la acción comunitaria, Editorial Popular S.A., Madrid, 2001.

Sánchez, Germán: “El asalto neoliberal”, en: Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos Santos, t. 1, Editorial Unidad Regional de Ciencias Sociales Humanas para América Latina y el Caribe, Unesco, Caracas, 1998. (Citado de http://168.96.200.17/ar/libros/unesco/ sanchez.rtf. ISBN: 92-9143-036-6).

Valdés Paz, Juan: El espacio y el límite: estudios sobre el sistema político cubano, Icic Juan Marinello-Ruth Casa Editorial, La Habana, 2008.

——: “Notas sobre sistema político cubano”, en Haroldo Dilla (comp.): La democracia en Cuba y el diferendo con los Estados Unidos, Editorial de Ciencias Sociales-Cea, La Habana, 1996.

——: “Notas sobre Poder Popular, movimiento comunitario y democracia en Cuba”, en Carmen Nora: Trabajo comunitario, Caminos, La Habana, 2006.

——: “Desarrollo institucional en el período especial: continuidad y cambios”, en Mercedes Arce y María de Lourdes Sánchez (comps.): Una mirada binacional al desarrollo regional México-Cuba, El Colegio de Tlaxcala, A.C., México, 2007.

——: “Notas sobre descentralización”, intervención en el Taller sobre Descentralización, Caracas, agosto de 2008.

Valdés, Mercedes y José A. Toledo: “Una aproximación al tema de la participación política”, en Colectivo de autores: Teoría sociopolítica. Selección de temas, Editorial Félix Varela, La Habana.

 

Zabala, María del C. y Elaine Morales: “Desigualdades sociales: dimensión subjetiva en el escenario comunitario capitalino”, en Luisa Íñiguez y Omar Pérez (comps.): Heterogeneidad social en la Cuba actual, Centro de Estudio de Salud y Bienestar Humano, La Habana, 2009.

Ailynn Torres Santana (La Habana, 1983). Investigadora social y docente universitaria. Doctora en Ciencias Sociales con mención en Historia de los Andes por Flacso-Ecuador, Máster en Ciencias de la Comunicación y Licenciada en Psicología por la Universidad de La Habana. Cuenta con publicaciones en revistas latinoamericanas y europeas y en otras colectivas. Ha sido ganadora de premios, menciones y becas de investigación por instituciones como Flacso, Clacso, revista Temas y la Casa de las Américas. Investiga temas relacionados con al campo de la ciudadanía, historia social y política latinoamericana y género. 

Diosnara Ortega González (La Habana, 1983). Licenciada en Sociología (2006). Máster en Psicología Social y Comunitaria (2010). Candidata a Doctora en Sociología, Universidad Alberto Hurtado (2015). Se ha especializado en las áreas de metodología cualitativa, teorías sociológicas, sociología política, sociología cultural, sociología del tiempo. Sus temas de investigación se insertan en las líneas de estudios sobre memoria, género, política, transiciones sociopolíticas, culturas políticas y estudios sobre pobreza desde su dimensión sociocultural. Varios de sus trabajos se encuentran publicados en compilaciones de Clacso, en revistas y libros de Cuba, México, Argentina y Chile. Fue becaria del Programa de Investigación Clacso Crop en Estudios sobre Pobreza en 2009 y obtuvo el Premio Internacional de Ensayo Haydée Santamaría organizado por Casa de las Américas y Clacso en 2014.

 
 
Cátedras
Oralidad
Gramsci
Juan Marinello
Premios
Memoria
Anual
Nacional
ALBA
Textos libres
Título
Autor
La Aldaba
Directorio
Lectores
Enlaces

 
Dirección:
Elena del Carmen Socarrás de la Fuente
Coordinadores del número:
Yisel Rivero Baxter y Elaine Morales
Coordinador del dossier:
Editora:
Mayda Argüelles Mauri
Diseño:
Programador:
David Muñoz Compte
Consejo Editorial
Luis Álvarez Álvarez, Miguel Barnet, Roberto Fernández Retamar, Araceli García Carranza, Fina García Marruz, Eusebio Leal Spengler, María Teresa Linares, Rogelio Martínez Furé, Graziella Pogolotti, Olga Portuondo, Eduardo Torres Cuevas
Consejo de Redacción
Jorge Luis Acanda, Ana Cairo, Jorge Fornet, Reynaldo Funes, María M. García, Jesús Guanche, Elmo Hernández, Mario Masvidal, Yolanda Wood. Denise Ocampo Álvarez